viernes, 11 de mayo de 2007

Ley de Dependencia, 2007

En la Revista Tiempo:
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=39697&idseccion_PK=612&h

EL ESTRENO DE UNO DE LOS PROYECTOS ESTRELLA DEL GOBIERNO
Cómo aprovechar la Ley de Dependencia

Sin el PP
El primer paso para la aplicación de la Ley de Dependencia, la reunión del Consejo Territorial, se tropezó con el desacuerdo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Éstas no están de acuerdo con la manera de organizar este órgano, donde están representadas las autonomías y el Gobierno central, y que ha acordado el baremo para valorar el grado de dependencia de las personas a las que va destinada la ley.

El PP estudia la posibilidad de impugnar incluso la constitución de este Consejo. Detrás se encuentra una batalla para ver quién se apunta el tanto. La Ley es presentada por los socialistas como un logro del mismo calado que lo fueron el acceso universal a la Educación o la Sanidad. El PP se queja de que se aplica con demasiadas prisas y sin financiación adecuada.

Los “populares” prefieren presumir de los servicios sociales que gestionan ya en las comunidades donde gobiernan, sin que el Gobierno central pueda alardear de ello. Paradójicamente, el PSOE, que ha sacado la ley, sólo la gestionará directamente en tres comunidades (Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha). En el resto, excluidas las del PP, el departamento de Asuntos Sociales está en manos de IU, BNG, ERC y PAR.

Comienza a rodar el nuevo sistema de servicios para personas dependientes y surgen las primeras preguntas sobre su funcionamiento.

Javier Otero
02/02/07
La ley de Dependencia, que el Gobierno considera un logro histórico en la mejora del Estado del Bienestar, da sus primeros pasos.
Este año comienza a aplicarse, pero aún faltan por desarrollar los servicios y prestaciones económicas que se van a reconocer.
Queda aún mucha letra pequeña por aprobar: reglamentos de la Administración central y las comunidades autónomas, pero ya se conocen algunos datos para ofrecer una guía por los vericuetos de la nueva norma.

1 ¿Quién se va a beneficiar durante 2007?Las personas que presenten una dependencia de grado III o “gran dependencia”.
Esto significa personas con pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial y que necesiten ayuda continuada para realizar las actividades básicas. Se calcula que aproximadamente 200.000 ciudadanos se encuentran en esta situación. El resto de dependientes se verán beneficiados gradualmente en los siguientes años, hasta 2015.

2 ¿En función de qué se decidirán los servicios y ayudas?
El Gobierno central y las comunidades autónomas han acordado en el Consejo Territorial un baremo para la valoración del grado de dependencia. Este instrumento tiene que pasar ahora por los órganos consultivos y volver al Consejo Territorial para ser aprobado definitivamente antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El baremo establece el grado de dependencia de cada caso según la ayuda necesaria para las actividades diarias, desde el aseo a la comida o los desplazamientos. A partir de la publicación en el BOE comenzarán a conocerse los dispositivos que ponen en marcha las comunidades para realizar estas valoraciones.
Los servicios y las prestaciones de la Ley de Dependencia tienen que aprobarse antes del 22 de abril. Aún no hay una decisión sobre si el baremo se publicará antes o se publicarán todos los reglamentos a la vez.

3 ¿Cuándo podrán comenzar las vacaciones?
A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Algunas comunidades autónomas, como Galicia, ya han anunciado que éstas no comenzarán hasta el mes de mayo, en Cataluña será en abril, y Asturias pretende comenzar en febrero. En el teléfono de información para toda España (900 406 080) podrían dar cita para acudir a este trámite.

4 ¿Dónde acudir para iniciar el procedimiento?
Los servicios sociales de cada comunidad son la referencia para iniciar el procedimiento, que debe comenzar con la valoración del caso a través del baremo. En muchas autonomías los servicios sociales municipales serán los encargados de los trámites, ya que es la red más amplia que existe actualmente de estos servicios, financiada a menudo por sus respectivas autonomías.

De todas formas, la mayoría de las comunidades estudian todavía qué red atenderá las peticiones. En Cataluña los equipos técnicos que valoren este año a los grandes dependientes realizarán el trámite a domicilio. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha contratado a 255 nuevos trabajadores para acometer las valoraciones.

5 ¿Es igual el baremo de dependencia que los grados de minusvalía?
No es lo mismo, aunque para las valoraciones quizás sirvan. En ciudades como Granada se han disparado las solicitudes para evaluar las minusvalías, hasta incrementarse un 40%, lo que ha provocado una lista de espera para este trámite que ya alcanza los tres meses y medio. Esto es debido a que muchas personas mayores no se habían preocupado hasta ahora de que se les reconociera su grado de minusvalía. Pero la valoración para los servicios de la Ley de Dependencia (oferta de plazas en residencias, cuidadores, teleasistencia, ayuda a domicilio) son de servicios sociales y criterios diferentes a las minusvalías.

6 ¿Qué viene tras la valoración del baremo?
El ciudadano recibirá una acreditación con su grado y nivel de dependencia que tendrá validez para toda España. Los servicios sociales establecerán un Programa Individual de Atención para cada solicitante con los servicios y prestaciones económicas que va a recibir y que será consultado con la persona declarada en situación de dependencia o con su familia.

Los servicios y prestaciones aún no están desarrollados en un reglamento. Entre los servicios se encuentran los de ayuda a domicilio, residencias, centros de día, teleasistencia y las prestaciones económicas, que dependerán del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

7 ¿Es obligatorio aceptar los servicios del plan individual?
No es obligatorio. Por ejemplo, si los servicios sociales consideran que lo adecuado para algún caso es una plaza en una residencia, no se obliga a ingresar en ella. El interesado puede declinar. También puede ocurrir, en sentido contrario, que los servicios sociales no autoricen ayudas que se soliciten. Así, puede pasar que muchos dependientes pidan una prestación por el cuidado que les dispensa un familiar.

Pero los servicios sociales pueden considerar que no es la solución adecuada y proponer en su lugar la ayuda a domicilio en lugar de la prestación económica al familiar. En todo caso, siempre se valorará la petición del benefi ciario.

8 ¿Qué red existe para absorber la nueva demanda?
La mayoría de las comunidades autónomas confían en que la red actual absorba la demanda de servicios, y la irán incrementando en función de las necesidades. Las versiones son diferentes según las autonomías.
Si en Cataluña (Gobierno tripartito con socialistas) informan que llevan dos años preparándose para la aplicación de la nueva ley, en la Comunidad de Madrid (Gobierno del PP) destacan que ya tenían una amplia red de asistencia independientemente del desarrollo de la Ley estatal.

En cualquier caso, la nueva norma prevé que los ciudadanos puedan obtener los servicios que se les hayan reconocido en el Plan Individual en el mercado privado si no lo encuentran entre los recursos públicos. El Gobierno espera que al final de la implantación de la Ley predominen los servicios sobre las prestaciones económicas. Mientras, si no existen recursos públicos cuando han sido reconocidos en el Plan Individual, el beneficiario tiene derecho a uno de los tipos de ayuda económica.

9 ¿Cómo se recibirán las prestaciones económicas?
No hay nada decidido sobre la forma en que se recibirán. No se sabe si la Administración central realizará descuentos en el pago del servicio, pagos a cuenta a los beneficiados o tendrán que solicitarse ayudas a posteriori, adelantando el gasto por parte de los ciudadanos. En el Plan Individual se valorará la capacidad económica para decidir hasta qué nivel recibirá una ayuda monetaria. Es muy probable que el pago a los cuidadores se realice a través de la Seguridad Social.

10 ¿Qué papel desempeñan las empresas privadas?
Las empresas privadas que ofrecen ya servicios de asistencia social se han preparado para la entrada en vigor de la nueva ley.
Ésta establece que una vez que la Administración reconoce el derecho a los ciudadanos dependientes, éstos deben tener garantizada su prestación. Si las personas afectadas no encuentran los recursos entre la oferta pública, podrán buscarlos en el sector privado.

Así por ejemplo, Mapfre Quavitae asegura que cuenta ya “con capacidad operativa plena y consolidada para atender las prestaciones que recoge el Proyecto en todo el territorio nacional”. Según explican en esta empresa, “la atención consistirá en la prestación de servicios (ayuda a domicilio, estancias en centros de día y noche y residencias) o en el reconocimiento de ayudas económicas periódicas para cuando no sea posible la atención a través de la oferta pública”.